EDUCAR, ¿Y DESPUÉS QUÉ?
Las ONG, los organismos internacionales y nacionales, diferentes entidades privadas, voluntarios, cooperantes, todos tratan de garantizar el acceso a la educación a los niños en zonas de conflicto. “La cuestión que habría que plantear es ¿para qué les educamos? ¿Qué futuro queremos que tengan? Con respecto a los niños con discapacidad, a día de hoy hay poca evidencia de lo que funciona, necesitamos muchos más datos de los que disponemos para saber de qué modo mejorar las cosas. En ocasiones, tenemos niños en nuestras aulas que no reciben el apoyo necesario porque no sabemos que tienen discapacidad”, plantea María Kett, directora adjunta del Centro Leonard Cheshire para la Discapacidad y el Desarrollo Inclusivo.
“Hablo, por ejemplo, de zonas como Sierra Leona, donde sabemos que la discapacidad multiplica por tres el riesgo de sufrir violencia. La Convención de la ONU define la discapacidad en tanto que la interrelación de una persona con su entorno. Podemos educar a los niños pero, ¿qué sucede con el acceso a la sanidad, al agua, a la comida, la necesidad de desplazamiento? Todas estas cuestiones también atañen a la educación, y también hay que resolverlas”, continúa Kett. “En 2010, en Darfur, el 46 por ciento de los niños con discapacidad entre 6 y 14 años estaban escolarizados, pero no se tenía constancia de que participasen socialmente en alguna actividad de su entorno”.
“La discapacidad no está presente en los programas de educación con la importancia que debiera; a eso se suma que tampoco se observa de modo específico en los programas de vacunación, de alimentación suplementaria, etc. Además, habría que trabajar en proyectos a largo plazo porque, aunque cese el conflicto, un país no empieza a remontar hasta, como poco, los cinco años siguientes, y durante ese tiempo deberíamos seguir presentes en esas zonas”.
Garantizar la educación, pero también cambiar el modelo. Trocar la caridad por derechos. No es fácil en las zonas de las que hablamos. Si en España, país paradigmático tanto por su normativa en materia de discapacidad como por sus instituciones dedicadas al movimiento asociativo (Fundación ONCE, Cermi) ese trueque –modelo de derechos en vez de asistencial- es de reciente y fatigosa implantación imaginen en países en conflicto. Incluso en zonas donde hay una cierta sensibilidad hacia la discapacidad, caso del Líbano, país que reserva el 4 por ciento del empleo público para personas con discapacidad (que no se consigna por falta de formación adecuada), se detectan discriminaciones mayúsculas: pese a disponer de una legislación más o menos garante de los derechos del colectivo, excluye del mismo a personas con discapacidad intelectual y mental.
“En Líbano no contamos con transporte público; por supuesto, servicios como la policía o la asistencia sanitaria no están adaptados, las escuelas son inaccesibles, los niños con discapacidad estudian en colegios segregados, no hay alternativa para quienes podrían acudir a un centro normalizado. Pero hacemos cosas. Gracias a la ayuda internacional, hemos adaptado diez espacios públicos. Un parque, por ejemplo. También, en colaboración con Technosite, empresa dedicada a las tecnologías accesibles de Fundación ONCE, hemos abierto una plataforma digital que centraliza todos los recursos de que disponen las personas con discapacidad (www.accesibilityforpwd.org). Poco a poco, tratamos de mejorar su calidad de vida. Y no renunciamos a algo fundamental para nosotros, la vida independiente”, especifica Georges Xanthopoulos, director de Movilidad y Empleo en Arcenciel y miembro del comité de expertos para las normas libanesas de accesibilidad.
