lunes, 18 de mayo de 2020

Niños, docentes y escuelas en el frente de batalla 

 Los conflictos armados han puesto a los niños directamente en peligro. Se calcula que entre 1998 y 2008 más de dos millones de niños murieron a causa de los conflictos armados y unos seis millones quedaron inválidos.  

Aproximadamente 300.000 niños han sido reclutados como soldados y enviados al frente de combate por las partes en conflicto. 

 Y unos 20 millones han tenido que abandonar sus hogares, convirtiéndose en refugiados o desplazados internos (UNICEF, 2010a)  

Como esos datos indican, las formas de violencia descritas en la sección anterior también han afectado a los niños, que con frecuencia han sido objeto de ataques deliberados, o no han recibido suficiente protección, o han sido víctimas de ambas actitudes a la vez. 

 Las violaciones de los derechos humanos que esos hechos representan han tenido consecuencias directas para la educación. Los niños que han padecido traumas, problemas de inseguridad y desplazamientos acarreados por los conflictos armados tienen pocas probabilidades de desarrollar todo su potencial de aprendizaje.  

Además, los ataques directos contra los sistemas educativos son cada vez más frecuentes. Muy a menudo los grupos armados consideran que las destrucciones de escuelas y las agresiones contra alumnos y docentes son estrategias militares legítimas. 

 El problema es que no sólo las escuelas y los estudiantes se hallan en medio del fuego cruzado de los beligerantes, sino que los mismos lugares que deberían proporcionar un amparo seguro también llegan a ser objetivos militares de primer orden. 

Cada año, el Secretario General de las Naciones Unidas presenta al Grupo de Trabajo del Consejo de seguridad sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados un informe relativo a seis tipos infracciones graves de los derechos de los niños: asesinatos o mutilaciones; reclutamientos en fuerzas armadas; ataques contra escuelas u hospitales; violaciones y otros abusos sexuales; secuestros; y denegaciones de acceso a servicios humanitarios (Kolieb, 2009).  

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